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La propuesta de implementar “sumarios exprés” que agilicen la sanción de quienes abusan de las licencias médicas parece, a simple vista, una solución rápida y efectiva. Sin embargo, esta idea entra en conflicto directo con la Ley 18.834, que establece el Estatuto Administrativo y no contempla procedimientos tan acelerados. En este contexto, es crucial recordar que cualquier intento de llevar a cabo un trámite exprés sin el sustento legal correspondiente sería, en esencia, un acto ilegal.
Tomemos como ejemplo el proceso actual de un sumario administrativo en el sector salud. Si un funcionario es acusado de usar una licencia médica fraudulenta, se le deben notificar formalmente los cargos, permitiéndole un plazo de cinco días para presentar su defensa. Posteriormente, se abre un término probatorio de hasta 20 días para aportar pruebas, y se elabora un informe que se revisa en otros cinco días. A pesar de que estos plazos pueden parecer adecuados, el desafío radica en que no siempre se respetan debido a la sobrecarga laboral que enfrentan los funcionarios, que además de sus obligaciones, deben asumir el papel de fiscales entre sus propios colegas.
Reducir este proceso a un formato exprés no solo pone en riesgo los derechos de los acusados, sino que también podría generar vicios legales que complicarían aún más la situación. Al no respetar los plazos establecidos, se incrementa la probabilidad de que se presenten recursos administrativos y de protección que invaliden sanciones a funcionarios que, en realidad, serían culpables. Este efecto contradictorio no sólo debilita el sistema, sino que también socava la confianza en la administración pública.
La verdadera solución no radica en acortar los plazos sin un marco legal adecuado, sino en asegurar el cumplimiento riguroso de los plazos ya existentes. Para ello, es vital dotar a los organismos pertinentes de los recursos humanos y las herramientas necesarias para garantizar procesos rápidos, transparentes y justos. Proponer la creación de un Comité Nacional de Ausentismo Laboral, como sugiere el ministro Marcel, podría ser un paso significativo en esta dirección. Este comité tendría la responsabilidad de coordinar la fiscalización entre ministerios y servicios, recopilar estadísticas de ausentismo, elaborar protocolos de revisión de licencias y capacitar a los funcionarios en prácticas administrativas adecuadas.
De esta manera, no solo se sancionaría el mal uso de las licencias médicas, sino que se invirtiría en la prevención de estos casos, garantizando así la integridad del sistema y protegiendo los recursos públicos desde su origen. En resumen, es preferible llegar a soluciones efectivas que respeten el estado de derecho que apresurarse con medidas que, aunque bien intencionadas, podrían resultar en un retroceso para la justicia administrativa.
Sebastián Avendaño Farfán, Abogado Laboral y Magister en Derecho Constitucional PUC
Nota: Las opiniones vertidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de The Times en Español. Como medio de comunicación, ofrecemos un espacio para el pensamiento independiente, sin importar el color político de las opiniones expresadas.
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