Patricio Herman
El candidato José Antonio Kast, de quien definitivamente no seré votante, ha generado un debate sobre la percepción y el cumplimiento de las leyes en Chile. En una reciente entrevista, sugirió que, en caso de ser elegido presidente, gobernaría mediante decretos por la supuesta ineficacia de nuestras leyes. Esta visión de la democracia es preocupante y plantea serias interrogantes sobre la legalidad y la ética de su propuesta.
En el ámbito de Vivienda, Urbanismo y Medio Ambiente, es imperativo reconocer las múltiples falencias estructurales que afectan tanto la implementación de leyes como el funcionamiento del mercado. Durante los meses de julio y agosto, tuve la oportunidad de conversar con expertos como Valentina Durán, directora del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), y Pablo Muñoz del Servicio de Impuestos Internos, entre otros. Estas discusiones no solo evidencian la falta de claridad en la aplicación de las normas vigentes, sino que también apuntan a problemas sistémicos que, en muchos casos, quedan camuflados por la élite política y empresarial.
Por ejemplo, el Decreto Ley 3.516 de 1980 y el artículo 55° de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) de 1976 establecen restricciones claras sobre las construcciones en áreas rurales. Sin embargo, tras el episodio reciente de Javier Etcheberry y su controvertida vivienda ilegal en Paine, el presidente Boric sugirió modificaciones que permitirían la edificación más allá de los límites urbanos. Si bien esta propuesta tiene su lógica, es preocupante que se busque dar un paso más allá de lo establecido sin una reforma legal adecuada.
Además, es alarmante cómo el marco legal es ignorado por los actores involucrados. Según el artículo 3° del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, cualquier conjunto habitacional de 80 viviendas o más en áreas rurales debe someterse a evaluación. Sin embargo, hemos visto cómo se utilizan argucias legales para transformar loteos irregulares en legales, lo que contraviene los principios de justicia y transparencia.
Otra inconsistencia resalta en la manera en que el SII clasifica las propiedades; se refiere a "bienes raíces no agrícolas destinados a la habitación", a pesar de que los inmuebles tienen usos mixtos. Esta nula actualización en la terminología se traduce en dificultades en la recaudación fiscal y en una clara falta de coherencia en la gestión del territorio.
Por otro lado, el Ministerio de Vivienda, a pesar de reconocer la urgente necesidad de actualizar la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones para mejorar la seguridad de las edificaciones, parece dilatar cualquier avance. La falta de acción provocada por esta resistencia administrativa pone en riesgo vidas humanas ante la creciente amenaza de incendios, que hemos visto devastar comunidades enteras.
En áreas designadas como preservación ecológica en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, la ilegalidad campa a sus anchas con la construcción de viviendas, lo que evidencia un fallido control por parte de las municipalidades. Esta falta de fiscalización se convierte en un problema tangible que afecta tanto a la biodiversidad como a los derechos de los ciudadanos en términos de ordenamiento territorial.
Ante este panorama, surge la pregunta: ¿es posible que los actuales candidatos como Kast, Jara, Matthei, y otros, se comprometan a implementar cambios significativos en la política de uso del territorio? Nos urge saber si tendrán la valentía y la visión necesaria para reestructurar el Ministerio de Vivienda y adoptar un enfoque más riguroso y responsable hacia el desarrollo urbano.
En conclusión, la situación actual exige una reflexión profunda sobre la relación entre gobernanza, legalidad y desarrollo sostenible. La democracia no puede ser un mero instrumento para beneficiar a unos pocos, sino que debe garantizar el respeto por las leyes y la equidad en la aplicación de las mismas. Los ciudadanos merecemos respuestas claras y acciones efectivas de quienes aspiran a liderar el futuro de Chile.
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