Patricio Herman
El pueblo decidió, por amplia mayoría de votos, que José Antonio Kast será el presidente de la República a partir del próximo 11 de marzo de 2026 y en tal sentido él, entre otras medidas anunciadas, respetará la PGU y otros beneficios sociales, privilegiará con medidas antiburocráticas el crecimiento económico, acabará con la inseguridad ciudadana, siempre se respetará la ley y por ende, combatirá con todas sus fuerzas la lacra de la corrupción, razón más que suficiente para solicitarle que se pronuncie sobre el viciado episodio de los 100 edificios ilegales con agrupamiento continuo, de entre 25 y 40 pisos, levantados con permisos mal otorgados a partir del año 2013, con inversiones del orden de los US$ 2 mil 500 millones, en la comuna de Estación Central.
Pues bien, a partir de abril de 2017, cuando el entonces intendente, Claudio Orrego, se refirió a ellos con el mote de guetos verticales, la prensa con diferentes enfoques, a veces equivocados, se ha deleitado publicando infinidad de notas dando cuenta del hecho, teniéndose presente que, a la fecha, todas esas invasivas torres habitacionales, menos tres, cuentan con recepciones finales cursadas por la Dirección de Obras Municipales (DOM). Por lo tanto, sus miles de departamentos ya están ocupados por sus propietarios y arrendatarios.
Oportunamente la fundación Defendamos la Ciudad y otros particulares, adjuntando los listados de los permisos de edificación, ingresaron denuncias en la Contraloría General de la República, debido a que esos actos administrativos violaban las disposiciones regulatorias de urbanismo y por ello, después de los análisis de rigor, el ente fiscalizador los declaró contrarios a derecho en distintos dictámenes, lo que ha sido ratificado por la Corte Suprema y hasta por el Tribunal Constitucional en uno de esos casos.
Recapitulando, el 16 de noviembre de 2018, siete años atrás, se dio a conocer a la opinión pública el dictamen vinculante Nº 27.918 del 12 de noviembre de 2018 de la Contraloría, firmado por su titular, documento que acogió la presentación de Defendamos la Ciudad, cuyos destinatarios eran el alcalde, Rodrigo Delgado, la Seremi del Minvu y la propia fundación acusadora. Allí se evidenció que, si una zona determinada no se encuentra regida por una norma urbanística de altura máxima, en ella no es posible aplicar el sistema de agrupamiento de edificación continua, toda vez que, por definición, este sistema requiere de aquella.
En esa ocasión se ordenó paralizar las faenas de los edificios en construcción, que no se otorgaran nuevos permisos y que se invalidaran los que permite el artículo 53° de la Ley N° 19.880, además se consignó la realización de sumarios administrativos en contra de los funcionarios municipales que intervinieron en la tramitación de los permisos. Nada de ello ocurrió y los DOM culpables, arquitectos Armin Seeger y María Eugenia Gaete, ya no se desempeñan en esa municipalidad. Después de la emisión del mencionado dictamen, la Contraloría reiteró en otros tantos su contenido y para que los lectores saquen conclusiones irrefutables, se debe saber que el anterior funcionario que ejercía el cargo de DOM, ingeniero Marco Antonio Vidal, respetando el oficio N° 549 del 10 de julio de 2007, emitido por la División de Desarrollo Urbano (DDU) del Minvu, referido a la improcedencia de los proyectos con construcción simultánea en un sector sin normas contenidas en un PRC, nunca otorgó este tipo de permisos.
Hace 5 años, este columnista, con los arquitectos Miguel Lawner, Miguel Prieto, Jonás Figueroa, el ingeniero Antonio García y el vecino de la comuna, Alejandro Verdugo, interpusimos querellas criminales en el 7° Juzgado de Garantía por el delito de prevaricación administrativa, indicándose en el libelo los nombres y cargos de los funcionarios municipales que incurrieron en este escandaloso despropósito, sin que hasta ahora se conozcan las pesquisas realizadas por los distintos fiscales asignados.
Tiempo después, en el anterior período del alcalde Felipe Muñoz, su municipio presentó otra querella, a la luz de una denuncia de la empresaria Rosa Vallejos, a quien un funcionario le pedía dinero en efectivo para entregarle un permiso, comportamiento corrupto que ella lo puso en conocimiento del entonces alcalde Delgado, quien no le creyó, según se consignó en un reportaje del canal de TV Megavisión. En razón a que las demandas no avanzaban, en entrevista sostenida el 8 de febrero de 2024, por quien suscribe, con la contralora, Dorothy Pérez, se le propuso que trasladara los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que este organismo, por su condición de influyente agente público, presionara a la Fiscalía.
En resumen, estamos ante hechos consumados pero, conforme al principio jurídico "donde hay la misma razón, es aplicable la misma disposición", acorde a lo propuesto en distintas publicaciones, la DOM de Estación Central debería cursar las recepciones finales a los 3 edificios que todavía carecen de ellas, entendiéndose que el próximo Ministro de Vivienda y Urbanismo, tomará cartas en el asunto, contactando al Fiscal Nacional, Ángel Valencia, para que finalmente esta perezosa institución pública investigue los delitos cometidos por los funcionarios municipales de Estación Central. Ya circulan nombres de algunos arquitectos que podrían ejercer el cargo de ministro y por ello veremos si el designado estará dispuesto a exigir sanciones a los infractores de la ley.
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