Hablar de Salvador Allende es abrir un baúl lleno de emociones encontradas. Para algunos, un héroe; para otros, el responsable de un caos que marcó a Chile para siempre. Pero hoy no quiero hablar del Allende presidente, sino de la herencia que parece haber dejado a su familia: esa costumbre de pasar por encima de las reglas, de la Constitución misma, como si el apellido les diera un pase libre. Y duele verlo, porque esto no es solo política, es algo que nos toca a todos como país.
El último capítulo de esta saga lo protagonizan su hija, la senadora Isabel Allende, y su nieta, Maya Fernández, quien hasta hace poco era ministra de Defensa con Gabriel Boric. Resulta que firmaron un contrato con el Estado para vender la casa de Allende en Guardia Vieja, Providencia, por casi 1.000 millones de pesos. Una cifra que, según varios entendidos, huele a sobreprecio. Y no es un dato menor: entre los dueños de esa propiedad están Isabel, Maya y otros familiares. Vamos, un negocio redondo entre parientes y el gobierno. Pero hay un problema: la Constitución dice clarito que autoridades como ellas no pueden meterse en contratos con el Estado si tienen intereses personales de por medio. Y eso hicieron.
El plan no se quedaba ahí. Después de venderla, la idea era que el gobierno se la "prestara" gratis a la Fundación Allende, manejada por otra nieta del expresidente. O sea, vendérsela al Estado a precio de oro y luego recuperarla sin poner un peso, todo con la excusa de hacer un museo o algo por el estilo. Ingenioso, sí, pero también descarado. Cuando el escándalo explotó, Maya "renunció" en marzo de 2025 y ahora Isabel enfrenta una destitución en el Senado. Pero me pregunto: ¿y los demás? ¿Dónde están los que desde el gobierno o la burocracia dejaron que esto llegara tan lejos, hasta firmarse ante notario el 30 de diciembre de 2024?
Porque no nos engañemos, esto no pasa solo por dos personas. Aquí hay una red de silencios y favores que apesta.
La Contraloría dijo que no veía problema, pero todos sabemos que el contrato se firmó y que el objetivo era claro. Si no fuera por el ruido en redes y la presión de la gente, quién sabe si ya estarían celebrando. Y mientras tanto, hospitales como el Van Buren en Valparaíso se caen a pedazos, faltan camas, insumos, y el gobierno encuentra plata para estas jugadas. Como dijo alguien en Twitter, es una cachetada a los que esperan una operación mientras ven cómo se dilapida el dinero.
No puedo evitar pensar en el Tren de Aragua, esa banda que engaña, roba y vive al margen de la ley. En política, el "Tren de Allende" no se siente tan diferente. Es una familia que, envuelta en su historia y sus contactos, parece creer que el país les debe algo. No es solo plata, es poder, es mantener un legado aunque sea pisoteando lo que decimos defender como nación. Y eso está en su ADN, o al menos así lo siento: primero la familia Allende, después la patria.
Pero esto no puede quedar en un par de renuncias y titulares. Tiene que haber consecuencias de verdad. ¿Quiénes fueron los cómplices que dejaron pasar este abuso? ¿Los asesores de Boric? ¿Los funcionarios que firmaron sin chistar? Necesitamos respuestas, porque si no, esto se vuelve una herencia más: la de la impunidad. Y Chile no se lo merece.
Al final, somos nosotros, los de a pie, los que seguimos poniendo el hombro para que el país no se caiga, mientras otros juegan con las reglas. Que no se repita, por favor.
Por Christian Vásquez. Ingeniero.
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